El Ejército mexicano se resiste a colaborar en la investigación del ‘caso Ayotzinapa’

Pese a la promesa de transparencia del Gobierno, los militares esquivan los intentos de profundizar en las pesquisas del ataque contra los estudiantes, según fuentes consultadas por EL PAÍS

Dos años después del cambio de gobierno mexicano, la investigación del caso Ayotzinapa encontró viejos cortes de ruta, que causaron congestión vehicular y comprometieron el proceso. Después de descubrir con éxito el esqueleto del alumno de un maestro desaparecido este año, fue la primera vez en seis años que el alumno del maestro desapareció en 2014.

La fiscalía ahora señala un gran tabú en la investigación: el papel de los militares. En noviembre, las autoridades detuvieron a un capitán en relación con el caso.

La pregunta ahora es si el fiscal puede investigar el caso en profundidad. A pesar de la promesa de transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, los investigadores aún tienen dificultades para comprender el papel del Ejército durante los ataques a estudiantes de secundaria ordinarios. ELPAÍS consulta con fuentes cercanas a la investigación

En la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías de Iguala, Cucura y otras ciudades de esa zona del estado de Guerrero atacaron a un grupo de elementos normales en Iguala. Los estudiantes habían ido al municipio, tomaron un autobús desde la terminal local y luego fueron a la Ciudad de México para un desfile. La policía se confabula con el grupo criminal Guerreros Unidos

La razón no es clara. Hasta ahora, el pensamiento es que los militares solo han intervenido un poco. No es bueno, porque no ayudaron al niño pero no fueron los responsables del ataque. Ahora, la fiscalía duda de su ámbito de actuación. Según fuentes citadas anteriormente, el objetivo del investigador eran "unos 30 soldados en Iguala y personal del sistema de mando". Entre los 30 militares, el general José Rodríguez, jefe del Campamento Iguala en 2014, y el general Alejandro Savidra, quien estaba a cargo del Distrito Militar del Estado de Guerrero.

La Organización de Estados Americanos (OEA) envió expertos a México para investigar el caso, el equipo de expertos ha insistido en 2015 en que se investigue al Ejército. Los expertos plantean tres puntos. Primero, es el viaje y la motivación de los soldados que actúan sobre el terreno en momentos críticos. En segundo lugar, la comunicación entre las tropas y los oficiales y el comandante, y la comprensión del comandante del ataque. En tercer lugar, la posible conexión entre los soldados del Campamento Iguala y Guerrero Unidos.

El soldado fue detenido en noviembre y el capitán José Martínez Crespo, de 49 años, era uno de los patrulleros en Iguala esa noche. Crespo comandaba un grupo de soldados, se encontraban en dos puntos clave, a saber, la calle Juan Álvarez, en la intersección del Anillo Periférico y el cuartel general de Valandira de la Policía de Iguala. Primero, agentes de Iguala llevaron a cabo el primer ataque, matando y desapareciendo a estudiantes. Luego, los soldados llegaron al lugar en base a sus declaraciones. El segundo es uno de los hechos más controvertidos en este caso.

La Comisaría de Barandilla es un pequeño centro de detención de la policía local. A lo largo de los años, varios testigos, entre ellos policías, presuntos miembros de la Universidad de Guerrero, estudiantes y vecinos de Iguala, manifestaron que luego de los ataques de Juan N. Álvarez y Periferico, Algunos de los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados allí. Según testimonio, este grupo tendrá más de 10 niños, o incluso 16. Aunque Crespo no lo dijo en las dos primeras declaraciones, finalmente admitió que había fallecido.

La pregunta que debe aclararse es si los estudiantes ya están en la barandilla cuando llegan los estudiantes y otros soldados. Crespo dijo en su tercer comunicado emitido en septiembre de 2015 que pasó por el centro de detención a las 00:55 del 27 de septiembre. Llegó y le preguntó a un colega sobre la motocicleta requisada, era un soldado que estaba ocupado con misiones de vigilancia en Iguala esa noche. Crespo dijo que el jefe de la comisaría, el juez Uliises Bernabé de Valandira, señaló que la motocicleta no estaba allí. Los militares se fueron de inmediato sin ninguna inspección. Tardaron cinco minutos.

La versión de Bernabé es muy diferente. En su testimonio de 2014 como testigo para los investigadores, señaló que Crespo en realidad llegó a las 11:30 de la noche y siempre usó motocicletas como excusa para registrar las instalaciones durante unos 15 minutos. Bernabé nunca dijo que la policía había llevado a los estudiantes allí, pero varias fuentes cercanas al caso, junto a los 43 responsables de la investigación y la familia del Consejo Presidencial, señalaron que Bernabé debería volver a declarar. Una fuente dijo: “Su testimonio es la clave para entender si los militares cometerán una desaparición forzada”. Bernabé huyó a Estados Unidos hace unos años, donde solicitó y obtuvo asilo político.

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